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El reciente y comentado acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos sigue generando reacciones encontradas en el ámbito económico y político. Aunque la mandataria interina Delcy Rodríguez salió al paso para explicar los detalles del pacto, el reconocido economista Francisco Rodríguez consideró que persisten vacíos importantes que ameritan respuestas claras para garantizar la transparencia nacional.
Utilizando el método socrático a través de su cuenta en la plataforma X, el investigador y profesor de la Universidad de Denver formuló nueve cuestionamientos directos dirigidos al gobierno venezolano. Sus interrogantes abordan desde la legalidad constitucional del proceso hasta los verdaderos beneficios fiscales y operativos que obtendrá el país a largo plazo.
Dudas sobre legalidad, licitaciones y reservas
Entre los puntos principales planteados por el economista destaca la falta de sometimiento del convenio a la aprobación de la Asamblea Nacional, tal como lo exige el artículo 150 de la Constitución para contratos de interés público con Estados extranjeros. Asimismo, cuestionó la ausencia de licitaciones públicas transparentes para seleccionar a las operadoras, advirtiendo sobre los riesgos de comprometer más de una quinta parte de las reservas petroleras nacionales sin un proceso de subastas competitivas.
El experto también exigió claridad sobre las proyecciones financieras —especificando si los 209,000 millones de dólares estimados corresponden a montos nominales o valores reales— y puso sobre la mesa las discrepancias entre el período de 25 años anunciado por Caracas y el control de 65,000 millones de barriles mencionado por la administración estadounidense. Las dudas también abarcan las condiciones de un posible suministro inmediato a la reserva estratégica de EE. UU. y los mecanismos de transparencia para vigilar el uso futuro de estos recursos.
Las preguntas:
- Aprobación de la Asamblea Nacional: Tomando en cuenta que la Constitución (artículo 150) y los mandatarios han descrito el pacto como un acuerdo entre gobiernos, ¿piensa el gobierno someterlo a la Asamblea Nacional? De no hacerlo, ¿está consciente del riesgo jurídico que implica comprometer los recursos de la nación?
- Concurrencia y licitación: ¿Cómo se promovió la concurrencia y por qué no existe conocimiento de una licitación pública para seleccionar a las operadoras que manejarán más de la quinta parte de las reservas petroleras del país?
- Proyecciones fiscales y nominales: ¿Los ingresos proyectados de 209,000 millones de dólares durante 25 años y de 19 dólares por barril corresponden a montos nominales o valores presentes netos?
- Diferencia en el volumen de reservas: Si el acuerdo cubre un período de 25 años para extraer unos 11,000 millones de barriles, ¿por qué el presidente Trump afirmó que EE. UU. obtiene control sobre 65,000 millones de barriles y qué derechos adquiere al finalizar el plazo?
- Inversión privada y garantías: ¿Cuáles son las empresas privadas que se han comprometido a invertir los 100,000 millones de dólares y qué mecanismos legales existen para que Venezuela anule el acuerdo en caso de incumplimiento?
- Suministro inmediato y legalidad: Bajo qué condiciones y normas constitucionales se está realizando un «regalo» inmediato de petróleo para surtir la reserva estratégica de EE. UU., y si esto implica menores ingresos inmediatos para el fisco nacional.
- Derecho preferencial a costo: ¿Se contempla en el acuerdo un derecho preferencial de EE. UU. para comprar el 20% de la producción a costo, y ese volumen incluye la producción actual o solo la incremental?
- Proceso de debida diligencia: ¿Se llevó a cabo una debida diligencia para constatar que las empresas involucradas no tengan antecedentes de lavado de dinero o nexos con la crisis del sistema eléctrico nacional?
- Transparencia y rendición de cuentas: ¿Qué compromisos de transparencia establecerá el Estado para monitorear los recursos obtenidos, tomando en cuenta la falta de actualización del portal de transparencia soberana?
