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El exdirigente reformista aclaró que accedió a esa negociación financiera debido a la fuerte presión a la que fue sometido por el órgano persecutor, tanto en el plano personal como en el familiar.
El reconocido abogado y político Ángel Lockward volvió al centro del debate público al referirse al acuerdo judicial que firmó con las autoridades en el marco de la investigación por la Operación Calamar. Durante una reciente entrevista, el jurista sostuvo con firmeza que la entrega de 220 millones de pesos al Estado no debe interpretarse como una admisión de culpabilidad.
La presión familiar detrás del acuerdo judicial
Lockward detalló las razones que lo llevaron a pactar con el Ministerio Público en 2024, señalando que la estrategia del órgano acusador incluyó medidas que afectaron directamente a sus seres queridos.
«Te meto en el caso a tu mujer y a tu hijo. La culpabilidad no está en que tú devuelvas un dinero cuando te tienen cuatro veces embargado; la culpabilidad está en si tú admitiste una falta, y yo nunca he admitido ninguna falta, ni antes ni ahora», afirmó durante su participación en un podcast con la comunicadora Laura de la Nuez.
El abogado manifestó que las autoridades vincularon a su hijo en el expediente de manera perversa. Según explicó, aceptó devolver los recursos únicamente para lograr que su vástago fuera excluido formalmente de la acusación, descartando categóricamente que su decisión respondiera a un delito de corrupción administrativa.
Cuestionamientos a la teoría del caso
Respecto a la solidez de las investigaciones en la Operación Calamar, Lockward fue enfático al criticar los métodos utilizados para obtener testimonios contra los procesados.
- Testimonios bajo coacción: Aseguró que los testigos iniciales fueron presionados para cambiar sus versiones originales.
- Postura ante el juicio: Afirmó que todos los involucrados sufrieron presiones y que la verdad saldrá a relucir cuando se conozca el juicio de fondo.
Cabe recordar que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación formal contra 34 personas y 13 empresas, imputándoles un supuesto desfalco al Estado por más de 19,000 millones de pesos.
El panorama actual de la Operación Calamar
El expediente judicial ha experimentado giros determinantes en los últimos meses. En mayo pasado, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó un auto de «no ha lugar» en favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Sin embargo, el tribunal decidió enviar a juicio de fondo al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y al propio Ángel Lockward, quienes deberán responder en los tribunales por las imputaciones presentadas en su contra.
