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El expresidente Leonel Fernández denunció que miles de millones de dólares en inversiones turísticas e inmobiliarias llevan cinco años paralizados por trabas burocráticas, exigiendo plazos obligatorios y orden estatal.
Una traba burocrática que ahoga la inversión
El clima de negocios en el sector inmobiliario y turístico enfrenta un freno sin precedentes. Durante un encuentro con los sectores productivos de La Altagracia, el expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reveló que unos 20 mil millones de dólares en proyectos de inversión permanecen congelados desde hace cinco años debido a la falta de permisos de construcción en zonas clave como Punta Cana.
Para el sector, la demora administrativa no solo vulnera la seguridad jurídica, sino que impacta de manera directa en la economía nacional. El pasado año, la construcción registró una contracción del 1.8%, un dato alarmante que refleja cómo la lentitud de las instituciones públicas ahuyenta el capital extranjero y frena la creación de empleos formales.
Silencio administrativo y urgencia de reglas claras
Ante este panorama de ineficiencia institucional, la propuesta planteada sobre la mesa apunta a una solución directa: establecer plazos obligatorios para que ministerios como el de Turismo y Medio Ambiente respondan a las solicitudes.
De cumplirse el plazo establecido sin una respuesta formal de las autoridades, operaría el principio del silencio administrativo positivo, transformando la ausencia de contestación en una autorización automática. Fernández advirtió que demorar procesos por lustros solo alimenta la sospecha de ineptitud o prácticas corruptas bajo la mesa, por lo que urgió poner «el país en orden» para garantizar un crecimiento sostenible.
Voces empresariales y el clamor por servicios básicos
El conversatorio sirvió como tribuna para que diversos gremios y líderes locales expusieran las problemáticas cotidianas que obstaculizan el desarrollo. Representantes de la Alianza Empresarial Turística de La Altagracia (ALETA) y de la Unión de Empresarios (UEPAL) coincidieron en la necesidad imperiosa de agilizar la permisología.
Asimismo, sectores profesionales y comunitarios alertaron sobre deficiencias críticas que van desde los rezagos en los sistemas de alcantarillado y agua potable frente al vertiginoso crecimiento urbano, hasta los crecientes niveles de inseguridad ciudadana que afectan la tranquilidad de residentes e inversionistas en toda la región este del país.
