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La administración estadounidense endurece su política contra la corrupción y el narcotráfico en la región, retirando el visado a decenas de exfuncionarios, jueces y políticos de cuatro países.
WASHINGTON, EE. UU. – En una ofensiva diplomática sin precedentes bajo el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la cancelación masiva de visados y la restricción de entrada a exfuncionarios, jueces, legisladores y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La medida busca castigar a quienes socavan la gobernanza democrática mediante actividades de corrupción y narcotráfico en la región.
El anuncio formal fundamenta esta decisión en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta normativa faculta al gobierno estadounidense a vetar la entrada de personas cuya presencia pueda generar consecuencias adversas para su política exterior.
Golpe directo a las redes de poder en cuatro países
Entre las figuras afectadas destaca la designación pública del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien Washington acusa directamente de solicitar y aceptar sobornos para facilitar operaciones del narcotráfico y encubrir criminales. Mariaca y sus familiares directos han quedado permanentemente inhabilitados para ingresar a territorio estadounidense.
La lista de revocaciones e inhabilitaciones inmediatas alcanza a decenas de involucrados y a sus familiares cercanos en la región:
- Bolivia: 12 ciudadanos con visados cancelados, entre ellos el exministro de Justicia Iván Lima Magne, magistrados y jefes policiales, además de otros nueve ciudadanos que quedaron completamente vetados del sistema consular.
- Colombia: La senadora Martha Isabel Peralta Epieyú (Pacto Histórico / MAIS) y el empresario del sector energético Euclides Antonio Torres Romero.
- Perú: El juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos.
- Ecuador: Dos ciudadanos cuyas identidades quedan sujetas a las restricciones diplomáticas del Departamento de Estado.
Un mecanismo duradero frente al narcotráfico
Desde Washington el mensaje de la administración estadounidense fue directo: los funcionarios corruptos y los criminales a quienes protegen ya no son bienvenidos en Estados Unidos.
Esta política se consolida como un mecanismo permanente para actuar de manera ágil y coordinada con los gobiernos de la región que colaboran en la lucha contra la criminalidad organizada. Con esta medida, Estados Unidos reafirma los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral para defender el Estado de derecho frente al flagelo del narcoterrorismo en todo el hemisferio.
