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La decisión de cuatro magistrados de no someterse a la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura desata intensos debates sobre la independencia judicial y la politización del sistema.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) avanza en el proceso de evaluación del desempeño de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una coyuntura marcada por intensos debates en el sector jurídico y la sociedad civil. De un grupo original de 11 magistrados que cumplieron el período constitucional de siete años para ser evaluados, solo siete continúan en la carrera por la permanencia en sus cargos, tras la declinación de cuatro de sus integrantes.
La decisión del presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, junto a los magistrados Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia, de no someterse a la evaluación del CNM, ha generado diversas interpretaciones. Para algunos analistas, la medida constituye un ejercicio legítimo de autonomía personal y profesional; sin embargo, otros sectores advierten que refleja una creciente desconfianza en el proceso y posibles presiones que amenazan la independencia del Poder Judicial.
Reacciones, llamados a la objetividad y denuncias de politización
El reconocido jurista Carlos Salcedo sostuvo que la postura de los cuatro magistrados debe ser respetada, destacando que entre ellos figuran juristas con hasta 40 años de trayectoria impecable en la judicatura. No obstante, advirtió que estas renuncias deben servir como una señal de alerta para el CNM sobre la necesidad de garantizar un proceso fundamentado en métricas objetivas, uniformes y completamente desvinculadas de sesgos políticos. Salcedo sugirió evaluar no solo la cantidad de decisiones, sino la motivación de las sentencias y la solvencia ética de los aspirantes.
Por su parte, el exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, manifestó su inquietud ante la percepción de desconfianza que refleja la judicatura hacia el órgano evaluador. Advirtió que cualquier indicio de repartición política o acuerdos previos debilita la seguridad jurídica del país. Ante esto, propuso priorizar a los jueces de carrera con méritos demostrados y sugirió la creación de un Consejo Asesor y de Veeduría integrado por rectores universitarios y expresidentes de altas cortes para acompañar las evaluaciones.
En una línea más crítica, la Fundación Primero Justicia, presidida por Miguel Surun Hernández, denunció que la renuncia de los cuatro magistrados responde a presiones directas para sustituirlos por personas afines al oficialismo. La entidad alertó que esto podría derivar en un «blindaje judicial» y representar un peligroso retroceso hacia la politización de los tribunales.
Publicación de informes y apertura del plazo de objeciones
A pesar de los cuestionamientos, el CNM formalizó la publicación de los informes de evaluación correspondientes a los siete jueces que continúan en el proceso: Justiniano Montero Montero, Vanessa Acosta Peralta, Anselmo A. Bello Ferreras, Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, Rafael Vásquez Goico y Samuel Arias Arzeno. Estos expedientes se encuentran disponibles para la consulta pública en el portal oficial cnm.gob.do.
Con este paso se habilita la fase para que la ciudadanía y las instituciones de la sociedad civil presenten observaciones o impugnaciones fundamentadas sobre los magistrados evaluados. Las objeciones podrán remitirse vía correo electrónico a secretariacnm@poderjudicial.gob.do o depositarse de forma física en la Secretaría del CNM, ubicada en la sede de la Suprema Corte de Justicia, de lunes a viernes en horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
