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El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago impone la pena máxima al cabo Víctor Manuel Saldaña Hernández y ordena una indemnización de cuatro millones de pesos para la familia de la víctima.
El caso que conmocionó al sector médico y a toda la sociedad dominicana en el verano de 2024 finalmente alcanzó su desenlace judicial. Víctor Manuel Saldaña Hernández, un cabo de la Armada de la República Dominicana, ha sido condenado a 30 años de prisión tras ser hallado culpable del asesinato del médico perinatólogo Enrique Antonio Espinal Castillo.
La decisión, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, pone fin a un proceso judicial sostenido por un robusto expediente de pruebas documentales, testimoniales y tecnológicas presentadas por el Ministerio Público.
Un crimen planificado y rastreado por cámaras
Los hechos se remontan a agosto de 2024, cuando la comunidad médica de Santiago dio la alarma tras la repentina desaparición del doctor Espinal Castillo. Según las investigaciones del Ministerio Público, el galeno salió de su residencia en el sector Villa Olga con destino a Los Guandules, en Hato del Yaque, donde se reunió con el hoy condenado.
Fue en ese encuentro donde Saldaña Hernández propinó severos golpes en el rostro y el cráneo al especialista, provocándole la muerte de forma inmediata.
Posteriormente, el agresor introdujo el cadáver en el baúl de la yipeta Hyundai Tucson blanca —propiedad de la propia víctima— y recorrió más de 180 kilómetros desde Santiago hasta La Costa de Rafelito, en Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal, donde abandonó el cuerpo en un terreno baldío.
Pieza clave durante el juicio fueron las imágenes del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, las cuales permitieron a los fiscales reconstruir minuto a minuto la ruta que realizó el acusado tras cometer el homicidio.
Justicia e indemnización para los familiares
El tribunal, presidido por el juez Rubén Darío Cruz Uceta e integrado por los magistrados Rubén Rodríguez y Jasmín de los Santos, determinó que el acusado violó los artículos 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, tipificados para los delitos de homicidio voluntario y robo agravado.
Además de la pena máxima de 30 años de reclusión en un centro penitenciario, los jueces dispusieron que Saldaña Hernández pague una indemnización económica de cuatro millones de pesos a favor de los familiares de la víctima.
