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La derogación del Decreto 693-24 abre la puerta al grano libre de aranceles desde EE. UU., desatando el pavor entre miles de productores dominicanos.
El sector agrícola de la República Dominicana atraviesa momentos de profunda incertidumbre. La sorpresiva derogación del Decreto 693-24, la medida ejecutiva que servía de escudo protector contra las importaciones masivas de arroz, ha encendido las alarmas en las principales zonas arroceras del país. Productores y cooperativas advierten que la entrada del cereal estadounidense sin aranceles pone en jaque el sustento de miles de familias rurales.
El impacto en la economía rural
Desde la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), la respuesta ha sido contundente. La entidad alertó que levantar estas restricciones amenaza directamente a un entramado social compuesto por unos 30,000 productores y más de 300,000 empleos directos e indirectos.
Para los líderes del campo, la disparidad de condiciones frente al mercado estadounidense es insostenible. Mientras que los agricultores locales enfrentan altos costos operativos y financiamiento limitado, los productores de Estados Unidos operan con alta tecnología, economías de escala y fuertes subsidios estatales.
Exigen explicaciones al Gobierno
La molestia del sector también responde a un tema de procedimiento. El decreto derogado contemplaba que cualquier cambio debía contar con la recomendación previa del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), fundamentada en análisis técnicos.
Ante esta situación, CONFENAGRO ha solicitado formalmente al Ejecutivo hacer públicos los estudios que justificaron la decisión y aclarar las medidas que se tomarán para evitar el colapso del mercado nacional y el aumento en los precios al consumidor.
Un sector entre el temor y la confianza
Por su parte, la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA) mantiene una postura más cautelosa. Su dirección señaló que el país se encuentra renegociando esquemas comerciales en los que enfrenta impuestos de importación del 12.5 %, por lo que confían en que la Presidencia intervenga para garantizar un acuerdo recíproco que impida la quiebra de las factorías locales.
El debate está servido en la opinión pública, donde la población oscillation entre el temor a la quiebra del campo nacional y la expectativa de precios más accesibles en la canasta básica.
