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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que el Gobierno no respalda las malas actuaciones de los agentes y anunció la integración de cámaras corporales para fortalecer el control interno y la seguridad ciudadana en el país.
La seguridad ciudadana y la reforma policial vuelven a ocupar el centro del debate nacional en la República Dominicana. Durante una visita reciente al Centro de Monitoreo y Control de la Policía Nacional, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, fijó una postura firme frente a los cuestionamientos sobre el accionar de los agentes del orden en las calles.
La funcionaria fue enfática al señalar que las autoridades no tolerarán acciones al margen de la ley por parte de los uniformados, al tiempo que reconoció los desafíos que enfrenta el país frente a la criminalidad.
Una postura firme contra los excesos
Durante su intervención, Raful dejó claro que el compromiso institucional es proteger a los ciudadanos de bien sin caer en prácticas abusivas.
«No estamos de acuerdo con los abusos policiales, como tampoco estamos de acuerdo con los abusos que cometen los delincuentes en contra de los ciudadanos de bien de este país», expresó la titular de la cartera de Interior y Policía.
Las declaraciones buscan enviar un mensaje de equilibrio y transparencia, en un momento en que la ciudadanía demanda mayor garantía de sus derechos fundamentales y un cuerpo del orden más profesional.
Tecnología y cámaras corporales para la supervisión
Para garantizar que estas palabras se traduzcan en hechos concretos, el Ministerio de Interior y Policía implementó nuevas herramientas tecnológicas dentro del proceso de transformación institucional.
Por primera vez en la historia de la Policía Nacional, se ha comenzado a dotar a los agentes de cámaras corporales. Según detalló Raful, la tecnología actual permite supervisar en tiempo real a más de 8,000 agentes que ya llevan estos dispositivos incorporados.
Este sistema está interconectado con el Sistema 911 y con más de 10,000 cámaras distribuidas en todo el territorio nacional. El propósito principal es que los órganos de control interno verifiquen las actuaciones policiales y actúen con todo el peso de la ley contra aquellos agentes que violen los protocolos, procediendo a su sometimiento a la justicia y posterior desvinculación de las filas.
