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Con más de un centenar de menores en la orfandad, República Dominicana registra una escalada de violencia machista que vuelve a poner en evidencia las fallas en la protección institucional a las mujeres.
La violencia machista continúa cobrándose vidas en el país de manera alarmante. De acuerdo con los registros recientes de la Fundación Vida Sin Violencia, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ascendió a 77 en lo que va de año, una cifra trágica que deja a más de 100 niños y adolescentes sin el amparo de sus madres.
Una tragedia que deja huérfanos a más de 100 menores
El impacto de esta crisis social trasciende la pérdida irreparable de cada mujer. Según las estadísticas de la organización civil, al menos 110 menores de edad han quedado en la orfandad durante este periodo. Estos niños y adolescentes no solo enfrentan la ausencia violenta de sus madres, sino que también requieren de una atención psicológica y psiquiátrica urgente y especializada para superar el trauma.
Los datos recientes revelan que los crímenes recientes ocurrieron en distintas zonas del territorio nacional, incluyendo casos de feminicidios seguidos de suicidio que conmocionaron a comunidades enteras en provincias como Santiago Rodríguez y Azua, evidenciando patrones de amenazas previas e incumplimiento de órdenes de protección.
Factores de riesgo y estadísticas por demarcación
El informe de la fundación detalla perfiles preocupantes dentro de los agresores, contabilizando a varios miembros activos de cuerpos de seguridad del Estado —entre policías y militares— así como a agresores menores de edad. De igual forma, se han documentado casos en los que las víctimas contaban previamente con órdenes de alejamiento emitidas por las autoridades, lo que pone bajo la lupa la efectividad de las medidas cautelares preventivas.
En cuanto a la distribución geográfica de los crímenes, la provincia Santo Domingo concentra la mayor cantidad de reportes con 24 casos, seguida de cerca por el Distrito Nacional e Higüey, marcando las zonas de mayor vulnerabilidad y urgencia de intervención estatal.
