El exministro vuelve hoy a los tribunales tras la apelación del Ministerio Público al «no ha lugar» que lo favorece en el caso Calamar, un proceso que definirá si puede aspirar a la presidencia.

SANTO DOMINGO.– El tablero político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) contiene la respiración este lunes. Las eventuales aspiraciones presidenciales de Gonzalo Castillo dependen directamente de lo que decidan los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y, en una instancia definitiva, la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El exfuncionario acude nuevamente al estrado junto al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Ambos enfrentan la ofensiva del Ministerio Público, órgano que apeló el auto de «no ha lugar» dictado previamente a su favor por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción.
Un camino judicial largo y decisivo
En los pasillos judiciales se da por descontado que este expediente no terminará hoy. Todo apunta a que el caso escalará hasta la Suprema Corte de Justicia e incluso al Tribunal Constitucional (TC), ya que la parte que resulte desfavorecida recurrirá el fallo.
Para el órgano acusador, los exfuncionarios son responsables de un entramado de corrupción que, según sus estimaciones finales, desfalcó al Estado con unos 33 mil millones de pesos. La fiscalía sostiene que parte de esos recursos millonarios terminaron financiando la campaña presidencial de Castillo. En este mismo proceso también fue favorecido con un «no ha lugar» Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero.
¿Puede aspirar a un cargo público?
Desde el punto de vista estrictamente legal, la puerta electoral sigue abierta para el dirigente peledeísta. Mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva en su contra, prevalece su presunción de inocencia y mantiene intactos sus derechos para competir por cualquier cargo electivo.
Sin embargo, el riesgo político es total. Si la justicia revoca el fallo inicial y emite una condena, Castillo quedaría en estado sub judice. Esa condición acarrearía la pérdida inmediata de sus derechos civiles y políticos, sepultando de forma definitiva cualquier proyecto presidencial a futuro.
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