Los permisos ambientales otorgados a Obras Públicas condicionan la megaobra vial a la protección de ríos, especies en peligro y un área protegida en la cordillera Septentrional.

El proyecto vial que promete conectar a Santiago con Puerto Plata en tiempo récord acaba de superar uno de sus escollos más críticos. El Ministerio de Medio Ambiente emitió las autorizaciones oficiales para arrancar los trabajos en los tramos A y C de la Autopista del Ámbar.
Sin embargo, el aval no es un cheque en blanco. Los documentos 5459-26 y 5460-26, entregados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), establecen una rigurosa hoja de ruta ambiental que condiciona cada movimiento de tierra en la zona norte del país.
Un trazado dividido y bajo lupa
La luz verde abarca dos frentes específicos de esta carretera de cuatro carriles. El tramo A cubrirá 8.1 kilómetros entre Santiago y La Cumbre, partiendo desde la Circunvalación Norte hasta la entrada del primer túnel.
Por su parte, el tramo C comprende 9.5 kilómetros entre Puerto Plata y Yásica, conectando directamente con la vía hacia Sosúa. Este segmento incluirá una estación de peaje de diez carriles y un puente de 100 metros sobre el río Camú. El tramo B, correspondiente a la zona de túneles, quedó fuera de estas resoluciones.
El reto de cruzar un área protegida
Uno de los puntos más sensibles de la aprobación recae sobre el tramo C. El permiso reconoce que el 14 % de este trayecto atraviesa la Vía Panorámica Carretera Santiago-La Cumbre-Puerto Plata, una zona bajo régimen de protección ambiental.
Para operar allí, Obras Públicas deberá acatar al pie de la letra la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y la Resolución 09/2018. Además, queda estrictamente prohibido intervenir una franja de 30 metros en las márgenes de ríos, arroyos y cañadas.
Rescate de flora y defensa del agua
La construcción impactará directamente las inmediaciones de fuentes hídricas vitales como los ríos Camú, Limonal y Licey Prieto, así como los arroyos El Mamey, Los Muertos, Viejo y Guasumal. El MOPC está obligado a preservar la vegetación ribereña y evitar cualquier derrame de sedimentos o hidrocarburos.
En el plano forestal, la obra requerirá un regente acreditado que supervise el desbroce en el terreno. El objetivo es salvar o trasplantar ejemplares valiosos de cedro, caoba y cabirma santa, además de proteger especies amenazadas como la palma real y el amacey. Para el tramo A, se exigió un plan de compensación con siembra de árboles nativos y seguimiento de su supervivencia.
Fianzas y vigilancia semestral
Para garantizar que los compromisos no queden en el papel, Medio Ambiente exigió fianzas de cumplimiento por 280,000 pesos para el tramo A y 335,000 pesos para el tramo C.
A esto se suma la obligación de entregar informes ambientales cada seis meses durante toda la construcción. El monitoreo medirá la calidad del aire, los niveles de ruido y el manejo de residuos. Si Obras Públicas incumple los plazos o altera los diseños sin autorización, los permisos de cinco años de vigencia podrían ser revocados de inmediato, conllevando incluso la demolición de lo construido.
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