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Con la señal pública de Camacho sobre la mesa, la expectativa crece sobre quiénes serán los próximos señalados en esta trama que sigue salpicando al sector salud.
El Ministerio Público parece estar listo para dar el siguiente golpe en el marco de los escándalos de corrupción que sacuden al Seguro Nacional de Salud (Senasa). Todo apunta a que las autoridades preparan una tercera fase de operativos para capturar a nuevos implicados en el desfalco contra el Estado dominicano.
La pista vino de la mano del propio procurador adjunto y director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho. A través de un breve pero contundente mensaje en la red social X (antiguo Twitter), el magistrado publicó únicamente la cifra “3.0” acompañada de varios emoticonos, entre los que destacaba la figura de una ambulancia.
Una saga de operativos contra la red de corrupción en Senasa
El mensaje en redes sociales llega apenas días después de que la Pepca asestara un fuerte golpe con el apresamiento de 25 personas en la denominada operación Cobra 2.0. A este grupo se le acusa de estructurar un entramado fraudulento compuesto por médicos, empleados, excolaboradores de la institución y particulares.
De acuerdo con la investigación, la red logró tramitar alrededor de 4,363 autorizaciones falsas entre enero de 2021 y febrero de 2025. El esquema afectó directamente los fondos públicos por un monto superior a los 41 millones de pesos mediante autorizaciones para procedimientos, consultas y cirugías que jamás fueron solicitadas ni recibidas por los afiliados.
Ante la gravedad del fraude, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción pidiendo 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los 25 imputados.
La génesis del desfalco: Del caso matriz a la nueva fase
Este escándalo de corrupción institucional comenzó a destaparse a finales de noviembre de 2024. La génesis del expediente se remonta al arresto del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, señalado como la cabeza de una red que habría causado un perjuicio económico que supera los 15,000 millones de pesos mediante asignaciones irregulares de contratos a prestadores de servicios a cambio de sobornos.
En la actualidad, Hazim junto a otros implicados clave como Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo cumplen medida de coerción en el centro penitenciario Las Parras, en San Antonio de Guerra.
