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Un informe elaborado por la organización Corporate Accountability Lab solicita restablecer las restricciones comerciales a Central Romana Corporation, señalando presuntas condiciones abusivas y violaciones a los derechos laborales en las plantaciones de caña.
SANTO DOMINGO. — Un grupo de derechos humanos solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos restablecer la prohibición sobre las importaciones de azúcar y otros productos derivados procedentes de la República Dominicana, debido a supuestas prácticas de trabajo forzoso detectadas en las plantaciones de caña del país caribeño.
De acuerdo con la investigación difundida por la organización sin fines de lucro Corporate Accountability Lab, tras un seguimiento de más de tres años sobre las condiciones laborales en las propiedades de Central Romana Corporation, Ltd. —la mayor empleadora y propietaria terrateniente del sector—, se documentó un entorno de extrema vulnerabilidad. El informe destaca los nexos de los propietarios con figuras influyentes y advierte que la medida restrictiva impuesta en 2022 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. fue revocada el año pasado.
Petición y denuncias sobre condiciones laborales
La organización defensora de los derechos humanos criticó que el acceso preferencial al mercado estadounidense mantenga cadenas de suministro con presuntos abusos laborales. En las plantaciones, que abarcan más de 173,700 acres, laboran aproximadamente 8,000 trabajadores —en su mayoría inmigrantes haitianos o descendientes de estos sin ciudadanía formal—, quienes según testimonios recopilados enfrentan carencias severas en sus viviendas, falta de acceso a servicios básicos como agua o electricidad, y salarios inferiores a los estipulados por la ley.
«¿Por qué nos quedaríamos? De esta forma, somos sus esclavos», expresó de manera anónima uno de los trabajadores citados en el documento, haciendo referencia a las dificultades para conseguir otros empleos debido a su estatus migratorio.
Postura de la empresa y llamados a regulación
Por su parte, Central Romana Corporation rechazó categóricamente los señalamientos del informe, calificándolos de estar «plagados de imprecisiones y falsedades» y reiterando que la compañía opera en estricto cumplimiento de las leyes locales y las normativas laborales internacionales.
Ante este panorama, la organización promotora del estudio instó tanto al gobierno dominicano como a las autoridades extranjeras a regularizar la situación migratoria de los cortadores de caña, garantizar el pago de pensiones pendientes a extrabajadores de la tercera edad y fiscalizar el cumplimiento de las normativas de protección social y ambiental en el sector agrícola.
