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La República Dominicana y Colombia dieron un paso trascendental en la cooperación jurídica internacional al firmar un acuerdo histórico para la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Este mecanismo busca combatir de manera frontal el crimen organizado transnacional, con especial énfasis en la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico de migrantes.
El convenio fue rubricado en Santo Domingo por la procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de la Nación de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón. Ambas funcionarias destacaron que esta alianza cuenta con un plan operativo incluido y se ampara en la Convención de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Un compromiso ético y legal contra la trata
Durante el acto oficial, la magistrada Yeni Berenice Reynoso enfatizó que la trata de personas lacera profundamente la dignidad humana y es un delito de alta prioridad para la gestión actual. Recordó que el país ya cuenta con una experiencia previa exitosa al establecer un ECI con Chile.
«Tenemos la obligación ética y legal de trabajar para alcanzar objetivos estratégicos de altos impactos para la vida de millones de personas, en este caso, colombianos y dominicanos, y otras nacionalidades que vienen a vivir a nuestros países», expresó Reynoso.
Por su parte, la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo Garzón, señaló que este es el décimo octavo ECI que su nación establece bajo los parámetros de la Convención de Palermo. Camargo hizo hincapié en la necesidad de «seguir el dinero» y atacar las finanzas criminales que permiten la movilización de redes de explotación a través de la región latinoamericana y con repercusión en Europa.
Apoyo internacional y marco legal
La iniciativa cuenta con la facilitación logística y el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como del Proyecto Turquesa de Canadá y el Proyecto PACTS de la Unión Europea.
En el plano normativo, el acuerdo se sustenta en el artículo 161 de la Ley que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana (núm. 97-25), el cual faculta al Ministerio Público a coordinar investigaciones conjuntas con autoridades de Estados interesados bajo el control judicial.
Investigaciones preliminares acumulan denuncias contra la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo.
La gestión de la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, enfrenta múltiples procesos en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, su juez natural. Aunque los expedientes se encuentran en fase de indagación preliminar sin que existan condenas, las acusaciones abarcan presuntas irregularidades en casos de alta repercusión nacional e internacional.
Las principales denuncias en la Comisión de Acusación:
Los señalamientos contra la funcionaria agrupan diversos frentes judiciales y disciplinarios presentados por diferentes organizaciones y particulares:
- Caso UNGRD: La Red de Veedurías Ciudadanas la acusa de presuntamente obstaculizar las investigaciones sobre corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Los delitos señalados incluyen fraude procesal, concierto para delinquir, tráfico de influencias y haber permitido la salida del país de Carlos Ramón González hacia Nicaragua sin alertas oportunas de Interpol.
- Caso Nicolás Petro: Presentada por la exfiscal Lucy Laborde, la denuncia sostiene que Camargo la habría presuntamente presionado para retirar el cargo de lavado de activos al hijo del presidente, dejando únicamente el delito de enriquecimiento ilícito.
- Caso de las deportistas de Bogotá: Interpuesta por la exdirectora del IDRD, Blanca Inés Durán, por la supuesta omisión en el avance de 41 denuncias sobre acoso y abuso sexual por parte de entrenadores.
- Orden de captura desde Guatemala: Una solicitud internacional emitida por el caso de la CICIG (2014-2017) que involucra a Camargo e Iván Velásquez por presuntos delitos de asociación ilícita y colusión con Odebrecht, medida que fue rechazada categóricamente por los órganos de control colombianos.
Por su parte, la fiscal general negó rotundamente todas las sindicaciones durante una entrevista concedida el pasado 23 de agosto. Mientras tanto, la Comisión de Acusación continúa recopilando pruebas y escuchando testimonios dentro de las investigaciones preliminares.
