Mientras los grandes casos de corrupción tardan semanas en conocerse, los delitos menores se resuelven en menos de un cuarto de hora y agravan el hacinamiento en las prisiones del país.

En los tribunales de la República Dominicana, la libertad de un ciudadano común suele decidirse en lo que dura una pausa para el café. En apenas ocho o diez minutos, los jueces de instrucción dictan prisión preventiva para casos de ratería, riñas o posesión mínima de drogas, una práctica cotidiana que mantiene las cárceles al borde del colapso.
Las cifras oficiales dibujan un panorama preocupante para el principio de presunción de inocencia. De los 25,878 internos que alberga el sistema penitenciario dominicano, exactamente 16,950 —un abrumador 65.5 %— son presos preventivos que aún no tienen una condena definitiva. Apenas 8,928 reclusos han sido declarados culpables por un tribunal.
Dos varas para medir la justicia
El contraste en los tiempos procesales resulta evidente en las salas de audiencia. En la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, los jueces conocen un promedio de 20 expedientes diarios a partir de las 9:00 de la mañana. Antes del mediodía, la inmensa mayoría de los imputados ya tiene una orden de encarcelamiento preventivo.
Sin embargo, el ritmo cambia drásticamente cuando se trata de expedientes complejos o casos de corrupción administrativa presentados por el Ministerio Público. Esas audiencias pueden extenderse hasta por dos semanas de debates intensos antes de que el tribunal emita una decisión.
Para muchos juristas, esta dinámica convierte a los jueces de instrucción en simples validadores de la fiscalía. Los datos del Observatorio del Poder Judicial respaldan esa percepción: de 41,557 solicitudes de coerción analizadas a nivel nacional, los magistrados acogieron el 96 %, dejando en libertad pura y simple a solo un 4 % de los procesados.
El alto costo de la insolvencia
Incluso cuando los tribunales optan por medidas menos severas, la falta de recursos económicos termina cerrando las puertas de la libertad. En el Distrito Nacional, aunque el 51 % de los casos complejos recibe alternativas como garantías económicas o arresto domiciliario, la realidad golpea a los más vulnerables.
Alrededor del 26 % de los imputados que obtienen una fianza permanecen tras las rejas de forma temporal. Simplemente no tienen dinero para pagarla y deben esperar meses por una revisión de la medida, atrapados en un limbo judicial.
Un sistema penitenciario desbordado
Esta avalancha de prisión preventiva tiene consecuencias directas sobre la infraestructura carcelaria. El país cuenta con una capacidad instalada para 16,357 internos, pero la población actual supera ese límite por más de 6,900 personas.
Roberto Santana, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), ha advertido de forma reiterada que la saturación compromete la operatividad, la seguridad y las condiciones mínimas de habitabilidad. En recintos como la fortaleza de La Vega, de unos 1,900 privados de libertad, 1,600 son preventivos.
Tanto las autoridades penitenciarias como la Defensa Pública coinciden en el diagnóstico. Mientras la lentitud procesal y el uso automático de la prisión preventiva sigan marcando la pauta en los tribunales, las cárceles dominicanas continuarán llenándose de ciudadanos que, ante la ley, siguen siendo inocentes.
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