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El Departamento de Estado amplió su ofensiva en la región, señalando a exfuncionarios, congresistas y líderes locales bajo las directrices de la Cumbre de Doral y el Escudo de las Américas.
La presión diplomática de Estados Unidos sobre América Latina dio un nuevo giro este jueves. Bajo los lineamientos de la política anunciada a finales de septiembre y en cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre de Doral, el secretario de Estado, Marco Rubio, oficializó un paquete de restricciones de visado dirigido contra actores políticos e institucionales en Bolivia y Colombia.
La medida, fundamentada en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, busca golpear de manera directa a quienes —desde los tribunales, el poder legislativo y las administraciones locales— socavan la gobernabilidad democrática y facilitan las redes del narcotráfico.
El impacto en Colombia: Nombres clave bajo la mira de Washington
En territorio colombiano, el listado de afectados incluye a nacionales y a sus núcleos familiares directos. Entre los señalados figuran figuras de alto perfil político e institucional que han ocupado cargos cruciales en el aparato estatal y legislativo en los últimos años:
- Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol.
- Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo.
- Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exmiembro de la Cámara de Representantes.
- Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara de Representantes.
- Julio Elías Chagüi Florez, exsenador.
- Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadora.
- José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.
Desde Washington se enfatizó que estas acciones buscan respaldar las iniciativas locales orientadas a limpiar de influencias delictivas las instituciones democráticas, sin distinción de banderas políticas.
Bolivia en el centro de la estrategia regional: Los 15 sancionados
Paralelamente, el Departamento de Estado fijó su atención en Bolivia, donde quince ciudadanos y sus familias sufrieron la revocatoria y denegación de sus documentos migratorios para ingresar a territorio estadounidense. El bloque sancionado en el país andino abarca un amplio espectro del sistema de justicia, seguridad y legislación:
- Rafael Darío López Mercado, diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- Rolando Santos Pacheco Chávez, diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- Juan Lanchipa Ponce, exfiscal general.
- Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni.
- Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz.
- Diego Alejandro Barboza Zeballos, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras.
- Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
- Fernando Ronald Velasco Soliz, exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la FELCN en el Aeropuerto Internacional Viru Viru.
- Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía en Tarija y exdirector general de la FELCN.
- Oscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental del SEGIP en Santa Cruz.
- Katherine Calderón Valle, exdirectora general de Migración.
- José Ayaviri Siles, exjuez de Ejecución Penal.
- Armando Rojas Toledo, exfiscal coordinador de La Paz.
- Rony Suárez Milliet, ciudadano particular.
- Julio Nelson Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
