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El empresario digital y aspirante político impulsa una agenda nacionalista hacia 2028 que incluye el voto militar, la desregularización de armas y reformas electorales.
El empresario de medios y comunicador Santiago Matías, conocido popularmente como «Alofoke», ha vuelto a encender el debate político e institucional en la República Dominicana tras proponer la creación de una ley que impida a los ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana postularse a cargos de elección popular. La iniciativa, dada a conocer a través de sus plataformas digitales, forma parte del ideario político con el que el CEO de Alofoke Media Group busca perfilares de cara al debate electoral con miras al año 2028.
«Crearemos una ley para que ningún dominicano con ascendencia de padres haitianos pueda optar por un cargo electivo en la República Dominicana», expresó el comunicador en un mensaje en sus redes sociales, fijando una postura abiertamente nacionalista que ya ha generado encontradas reacciones entre constitucionalistas, defensores de los derechos humanos y diversos actores de la vida pública.
Propuestas controvertidas: voto militar e importación de armas
Esta iniciativa se suma a una serie de propuestas polémicas planteadas recientemente por el empresario de la comunicación digital. Días atrás, Matías abogó formalmente por una reforma que permita a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ejercer el derecho al voto en los procesos electorales dominicanos, una prerrogativa históricamente restringida por la Constitución para garantizar la no deliberación de los cuerpos armados.
Para argumentar su postura sobre el voto militar, Matías sostuvo que si se alegara un eventual conflicto de intereses por pertenecer a organismos del Estado, «entonces debería aplicarse el mismo criterio a todos los empleados públicos y prohibirles ejercer su derecho al sufragio». Asimismo, ha propuesto la flexibilización e importación de armas de fuego para uso civil como medida de defensa ciudadana frente a la delincuencia, consolidando una agenda que genera tanto respaldo en sectores conservadores como fuerte rechazo en analistas políticos y sectores jurídicos del país.
