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El despliegue policial para dispersar las protestas contra un controvertido proyecto de ley dejó decenas de detenciones y una fotorreportera en estado delicado tras sufrir fractura de cráneo.
BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Un saldo sombrío de más de 1,500 personas heridas y al menos 18 detenidos dejó la severa represión ejercida por las fuerzas de seguridad argentinas durante las manifestaciones registradas frente al Congreso Nacional, según denunció en un informe oficial la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El operativo de contención, ejecutado por la Policía Federal mediante el uso continuado de gases lacrimógenos, gas pimienta, proyectiles Byrna, balas de goma, camiones hidrantes y agresiones físicas con bastones y escudos, se prolongó por más de cuatro horas. Organizaciones de derechos humanos definieron la jornada como una de las intervenciones policiales más violentas y de mayor extensión territorial de los últimos años en la capital argentina.
Agresiones sistemáticas a la prensa
Dentro del saldo de afectados se contabilizan 20 profesionales de la prensa lesionados. El caso de mayor gravedad involucra a una fotorreportera que sufrió una fractura en la base del cráneo y daños severos en el oído izquierdo tras recibir un contundente impacto de bastón por parte de los efectivos. La comunicadora permanece internada bajo estricta observación y evaluación neurológica.
El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi, condenó categóricamente la escalada violenta y acusó a las autoridades de dirigir ataques deliberados contra los trabajadores de los medios de comunicación para obstaculizar el registro documental de los acontecimientos.
«La represión no es ingenua; tiene como objetivo desalentar a la ciudadanía y evitar que se visibilice la magnitud de una protesta que venía en constante crecimiento justo cuando se desarrollaba la votación parlamentaria», aseveró Lecchi al diario Perfil.
Modificaciones al proyecto oficialista tras la presión social
Las movilizaciones populares se desarrollaron en rechazo al proyecto de «Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada»impulsado por el Poder Ejecutivo de corte libertario. A pesar de la contención policial, la masiva resistencia social, sindical y política logró frenar aspectos cruciales de la pieza legislativa.
Durante el debate, se vio forzada la eliminación de dos de los capítulos más controvertidos de la iniciativa:
- La normativa que facilitaba la extranjerización de tierras.
- La reforma a la Ley del Fuego, la cual abría la puerta a la comercialización y privatización de terrenos forestales afectados por incendios.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y gremios de prensa reiteraron su llamado a garantizar el libre ejercicio del periodismo y el derecho a la protesta pacífica como pilares innegociables del sistema democrático.
