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Washington sancionará a jueces, policías y funcionarios extranjeros que frenen la restitución de menores retenidos fuera de su territorio.
WASHINGTON.— El Gobierno de Estados Unidos ha decidido apretar las tuercas a las autoridades internacionales que pongan trabas en los pleitos por la custodia de sus menores. El Departamento de Estado anunció una nueva política de restricción de visados que apunta directamente a quienes obstaculicen la devolución rápida de niños retenidos ilegalmente en otros países.
La medida no solo castigará a los funcionarios, jueces y agentes del orden que bloqueen intencionadamente estos procesos, sino que extenderá el veto migratorio a sus familiares directos. Se trata de un mecanismo de presión diplomática sin precedentes para exigir el cumplimiento del derecho internacional.
Un freno a la impunidad en las fronteras
La administración estadounidense considera que la protección y repatriación de estos menores representa una prioridad nacional. De acuerdo con el comunicado oficial, el retraso deliberado en los tribunales o las trabas burocráticas extranjeras prolongan el trauma de la separación familiar.
Con esta nueva herramienta, Washington busca presionar a los Gobiernos que incumplen sus compromisos para que apliquen de inmediato las órdenes judiciales y retornen a los niños a su lugar de residencia habitual.
Consecuencias directas para autoridades y familias
El mensaje emitido a través una nota de prensa desde la capital estadounidense es tajante. Quienes omitan sus deberes de forma intencionada o encubran retenedores de menores perderán el privilegio de ingresar a territorio norteamericano.
El Departamento de Estado reiteró su determinación de trabajar de manera proactiva para prevenir estos secuestros interfronterizos. Para los países de la región, la advertencia queda clara: la inacción judicial en disputas de custodia con menores estadounidenses pagará un alto precio en el consulado.
