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El Ejecutivo deja correr los plazos constitucionales sin aclarar si promulgará u observará la normativa aprobada por el Congreso.
SANTO DOMINGO.— El reloj institucional sigue corriendo en el Palacio Nacional, pero la respuesta oficial no aparece. Han transcurrido ya diez días desde que el Congreso Nacional dio el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Juegos de Azar, y el Poder Ejecutivo guarda un llamativo hermetismo sobre el destino final de la pieza.
El pasado 16 de septiembre, el Senado de la República convirtió en ley el proyecto que busca poner orden al dinámico y convulso sector de las apuestas en el país. Sin embargo, a la fecha, el Gobierno no ha informado si el presidente firmará el decreto de promulgación o si enviará la iniciativa de vuelta con observaciones.
El dilema de los plazos constitucionales
La demora del Ejecutivo no es un tema menor. La Constitución de la República establece plazos precisos para que el jefe de Estado tome una decisión una vez que recibe un texto aprobado por las cámaras legislativas.
El silencio oficial genera incertidumbre en un sector que esperaba reglas de juego claras. Al no fijar una postura pública, la Presidencia deja en el aire si acogerá la regulación tal como salió del Congreso o si introducirá reparos de última hora.
Un sector clave a la espera de definiciones
La legislación busca reestructurar la fiscalización, el control y la operación de las bancas y casinos en todo el territorio nacional. Se trata de un mercado que mueve miles de millones de pesos y que arrastra un largo historial de debates sobre evasión y regulación.
Por ahora, la moneda sigue en el aire. La ciudadanía y los sectores involucrados aguardan que la casa de Gobierno rompa el silencio y defina el curso de una ley llamada a transformar el negocio del juego en la República Dominicana.
