El Tribunal Constitucional condenó a cuatro instituciones del Estado al pago de millonarias astreintes por desacatar sentencias previas. Los fallos sancionan a la Policía Nacional, INABIMA, Pensiones y Hacienda por ignorar plazos legales, afectando los derechos de ciudadanos que exigían informes de investigaciones y la restitución de pensiones atrasadas.
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