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El Tribunal Constitucional cierra de manera irrevocable la batalla legal de los descendientes del dictador para recuperar fondos incautados por el Estado dominicano en Banreservas tras la caída del régimen en 1961.
SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana asestó un golpe definitivo a las pretensiones económicas de los descendientes del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, al declarar inadmisible un recurso de revisión que buscaba la devolución de millonarios fondos depositados en el Banco de Reservas (Banreservas).
La acción judicial fue interpuesta por Rafael José Trujillo Lovatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón, nietos del tirano e hijos de Lina Altagracia Lovatón Pittaluga —una de las figuras vinculadas al círculo íntimo del dictador—. Los accionantes reclamaban formalmente la restitución de un depósito que ascendía a RD$4,432 millones, realizado por Trujillo en febrero de 1950 a favor de su madre en la mencionada entidad bancaria estatal.
Sin embargo, tras la caída de la dictadura en mayo de 1961 y la posterior salida de la familia del poder, el Estado dominicano incautó dichos recursos amparado en la Ley No. 5785-62 de 1962, normativa que declaró como bienes nacionales todas las propiedades, activos y fondos pertenecientes a la familia Trujillo.
Una larga travesía jurídica que llega a su fin
El intento de reclamación de la herencia del régimen atravesó un complejo laberinto legal durante décadas. Inicialmente, la Ley No. 5924 de 1962 sobre Confiscación General de Bienes creó un tribunal especial para conocer las reclamaciones vinculadas a los bienes confiscados tras el ajusticiamiento del dictador. Años más tarde, dicho órgano fue suprimido mediante la Ley No. 285 de 1964, traspasando sus atribuciones a la Corte de Apelación de Santo Domingo.
Tras agotar diversas instancias en la jurisdicción ordinaria sin obtener un fallo favorable, el expediente llegó a la máxima corte en materia constitucional del país. Con este reciente pronunciamiento de inadmisibilidad, el Tribunal Constitucional clausura de forma irrevocable la vía legal en el país, dejando firme la confiscación de los fondos en favor del Estado y poniendo fin a una de las disputas patrimoniales más controvertidas de la historia política dominicana contemporánea.
