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La geopolítica energética de América Latina da un giro inesperado. Estados Unidos se encamina a controlar la quinta parte del petróleo de Venezuela mediante un pacto de proporciones históricas que ya desata profundos debates políticos, cuestionamientos sobre la opacidad de los contratos y dudas técnicas sobre la viabilidad de la industria.
Detrás de este movimiento se encuentra una compleja red de intereses que involucra a la administración estadounidense, figuras empresariales señaladas y las grandes multinacionales del crudo que evalúan su reingreso al país caribeño.
El acuerdo y el respaldo del Parlamento
El entendimiento central contempla que Estados Unidos controle el 21% de las reservas petroleras de Venezuela por un período proyectado de 100 años, lo que equivale a unos 65.000 millones de barriles. Esta operación se articularía en sociedad con el polémico empresario Alejandro Betancourt, vinculado a sectores financieros cuestionados.
Aunque el pacto formal aún no se ha rubricado, el Parlamento controlado por el chavismo le otorgó su respaldo exprés en una sesión extraordinaria. En contraste, la oposición minoritaria optó por la abstención tras exigir transparencia sobre la letra pequeña.
“No podemos suscribir un acuerdo que no conocemos”, reclamó el diputado Luis Emilio Rondón, exigiendo la entrega del texto pleno.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la estrategia al enmarcarla en la reforma de la Ley de Hidrocarburos y los Contratos de Participación Productiva (CPP). Rodríguez aseguró que el objetivo es atraer capitales privados bajo estrictas cláusulas de confidencialidad y advirtió con mano dura contra cualquier desviación de fondos.
A las discrepancias internas se suma un galimatías jurídico temporal: mientras Washington maneja una concesión centenaria, el gobierno interino sostiene que la vigencia real es de apenas 25 años prorrogables. Los documentos íntegros siguen sin hacerse públicos.
Las grandes petroleras regresan con cautela
Al amparo de este nuevo escenario, un ecosistema más amplio de compañías multinacionales comienza a tantear el terreno venezolano. Chevron lidera este movimiento al negociar la incorporación de dos yacimientos de crudo pesado y anunciar una inyección de 7.000 millones de dólares para elevar su producción diaria de 280.000 barriles a unos 600.000 hacia 2031.
Mike Wirth, consejero delegado de la firma, justificó la apuesta al señalar que el país sudamericano ha pasado a ser una opción muy atractiva frente a otras plazas globales. A la par, firmas como Hunt Oil acordaron desarrollar los campos Caro y Carisito, mientras que GeoPark proyecta asumir el campo Bare en la Faja del Orinoco. Desde el Ejecutivo se menciona también el interés potencial de gigantes como Repsol, Eni, Shell y BP.
El gas natural transita por un carril propio y más dinámico. Empresas como Shell, BP, la emiratí XRG y la catarí UCC Holding pactaron un cronograma para explotar el campo Loran, en la Plataforma Deltana, con la mira puesta en la exportación hacia Europa. Expertos en hidrocarburos señalan que este sector resulta especialmente atractivo debido a regalías más bajas y la infraestructura ya instalada.
Sin embargo, el optimismo no es unánime. El consejero delegado de ExxonMobil, Darren Woods, calificó recientemente a Venezuela como un territorio inviable para la inversión, y analistas del sector advierten que las reclamaciones pendientes y la profunda inquietud regulatoria frenarán un compromiso masivo de capital estadounidense a corto plazo.
La realidad técnica: ¿Cuánto puede producir Venezuela realmente?
Más allá de la firma de contratos y las metas ambiciosas de superar los dos millones de barriles diarios hacia el final de la década, persiste una interrogante monumental: ¿cuenta Venezuela con la capacidad real para extraer ese volumen?
La gran mayoría de los 17 yacimientos priorizados carece de infraestructura adecuada y padece un suministro eléctrico sumamente frágil. Reparar este colapso operativo exigirá una década de trabajo y miles de millones de dólares. Informes de consultoras especializadas como Rystad Energy estiman que el país necesitaría hasta 183.000 millones de dólares para recuperar los niveles de producción de los años noventa, cuando bombeaba 3,5 millones de barriles diarios, muy lejos de los 1,2 millones actuales.
Analistas económicos locales consideran que, sin un cambio político profundo, la producción local topará con un techo de 2,5 millones de barriles diarios, aunque una transición democrática efectiva podría duplicar esa cifra en pocos años.
El trasfondo político y el dilema de la transición
La discusión económica es inseparable del tablero político internacional. Voces influyentes, como la de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, han planteado abiertamente que el acuerdo comercial debe ir de la mano de una reorganización institucional y elecciones libres en Venezuela, descartando la participación de potencias que cooperaron con la administración previa.
El dilema central para Washington radica en la contradicción de sostener un entendimiento económico con figuras clave del chavismo actual mientras se exige una apertura democrática. Los analistas advierten sobre el riesgo de que estos grandes contratos de largo plazo terminen convirtiéndose en un incentivo político para perpetuar el statu quo y postergar indefinidamente la transición institucional que demanda el país.
