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El Segundo Tribunal Colegido del Distrito Nacional decidió diferir para el fondo del juicio el fallo sobre 21 incidentes presentados por la defensa de Jean Alain Rodríguez, desatando un intenso debate legal sobre los plazos para interponer recursos de oposición tras la integración de una nueva jueza.
Una decisión postergada que reabre el debate
El proceso judicial que sigue de cerca el sistema de justicia dominicano volvió a generar tensiones en la sala de audiencias. Las magistradas del Segundo Tribunal Colegido del Distrito Nacional tomaron la determinación de dejar para el fondo del juicio la resolución de 21 incidentes promovidos por la defensa legal del exprocurador general Jean Alain Rodríguez y de los demás implicados en presuntas redes de corrupción administrativa.
Esta solicitud de debate había sido reimpulsada por los abogados defensores debido a la incorporación formal de una nueva jueza al estrado, lo que motivó a las partes a replantear sus peticiones sobre la exclusión de pruebas presentadas originalmente por el Ministerio Público a través de la Pepca.
Choque de criterios por los plazos legales
Tras la decisión de las juezas, el tribunal fijó un plazo de tres días para que las defensas técnicas puedan interponer un recurso de oposición formal. Sin embargo, esta disposición encendió inmediatamente la polémica en el tribunal.
Encabezados por el experimentado abogado Carlos Balcácer, los representantes legales rechazaron tajantemente la medida al considerar que el plazo válido debería ser de seis días. Balcácer argumentó con firmeza ante el estrado que ningún tribunal se encuentra por encima de la normativa procesal vigente establecida para los casos tipificados como complejos.
En la misma línea se pronunció el jurista Ybo René Sánchez, quien defiende a Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector financiero de la institución. Por su parte, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó formalmente al tribunal desestimar la ampliación solicitada por los abogados, abogando por la validez de los tres días fijados inicialmente por las magistradas Yissel Soto, Clara Castillo y la recién integrada Jarolyn Elizabeth Rosario López.
