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La justicia dominicana vivió un momento de alta tensión institucional cuando el Tribunal Constitucional (TC) dictó una orden de conducencia contra la fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Rodríguez. Tras su posterior comparecencia a la alta corte, los magistrados le extendieron una serie de directrices y consejos enfocados en la disciplina procesal y el respeto a las decisiones judiciales, un episodio que marca un precedente en las relaciones entre el Ministerio Público y los órganos de cierre constitucional.
Un llamado al orden institucional
El pasado 30 de octubre, la fiscal Smaily Rodríguez acudió finalmente a la sede del Tribunal Constitucional para participar en una audiencia pública de revisión de sentencia de amparo. Esta presentación se produjo luego de que el presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, ordenara su conducencia debido a que la funcionaria no asistió a la convocatoria inicial fijada para el 26 de octubre, ausencia que se registró sin excusa o justificación aparente ante los jueces constitucionales.
Durante el encuentro, los magistrados aprovecharon la ocasión para transmitirle observaciones fundamentales orientadas a fortalecer el apego a las normas procesales y garantizar el cumplimiento riguroso de las decisiones emanadas del órgano extrapoder, recordando que la subordinación a los fallos constitucionales es un pilar indispensable para la seguridad jurídica del país.
