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A casi ocho años de aquella trágica madrugada en las inmediaciones del Mercado Nuevo de la avenida Duarte, el dolor de los familiares sigue intacto y las respuestas oficiales brillan por su ausencia. El expediente que investigaba la muerte de dos humildes comerciantes de piña a manos de patrullas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) parece haber caído en el baúl del olvido institucional.
El 25 de octubre de 2018, lo que debía ser una jornada habitual de trabajo para los mercaderes de la capital terminó en una balacera mortal. El hecho dejó un saldo trágico y una marca de indignación que aún se siente en el sector Capotillo y sus alrededores.
Una madrugada de disparos y confusión
Aquella noche cayeron abatidos Hansel Arias, residente en el sector María Montez, y Porfirio Estévez, un reconocido productor de piñas proveniente de Cotuí. En el mismo incidente resultaron heridos de bala otros tres hombres, entre ellos un hermano de Estévez, quien presenció el ataque.
Las víctimas eran hombres dedicados al comercio que nunca tuvieron vínculos con el tráfico de sustancias ilícitas. Sin embargo, terminaron atrapados en medio de un violento despliegue armado cuando los agentes regresaban de realizar un operativo en la zona.
Versiones encontradas que nunca se aclararon
Tras la tragedia, la DNCD justificó el accionar alegando que sus unidades fueron emboscadas a tiros desde la azotea de un edificio mientras abandonaban Capotillo. Sin embargo, la versión de los comerciantes y testigos presenciales fue drásticamente diferente.
Según los trabajadores del mercado, los agentes reaccionaron disparando de forma indiscriminada contra la multitud luego de que una persona lanzara una botella hacia uno de los vehículos oficiales. La indignación colectiva derivó en protestas inmediatas, obligando a las autoridades a prometer una investigación exhaustiva.
Ochenta agentes involucrados y cero culpables
En su momento, la Fiscalía del Distrito Nacional asumió las pesquisas e interrogatorios para deslindar responsabilidades penales. Hacia finales de diciembre de 2018, la institución reveló que unos 80 miembros de la DNCD habían participado en la intervención y que ya se tenían identificados a varios sospechosos directos.
Sin embargo, el tiempo transcurrió y las promesas de someter a los responsables a la justicia se diluyeron por completo. Hoy, casi una década después, no hay un solo agente imputado ni condenado por el caso de los piñeros abatidos por la DNCD. El expediente languidece en la impunidad, confirmando el temor de una comunidad que siente que se jugó, una vez más, a la carta del olvido.
