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El Comité Institucional Codiano exige respuestas a diez ministerios e instituciones públicas bajo la Ley de Libre Acceso a la Información, advirtiendo posibles protestas y acciones legales ante la falta de entrega de expedientes.
Una larga espera que agota la paciencia del sector
La paciencia de los contratistas de la construcción en la República Dominicana parece haber llegado a su límite. Tras años de espera y promesas incumplidas, el Comité Institucional Codiano (CIC) ha decidido alzar la voz de manera formal contra el estancamiento en el saldo de compromisos financieros que arrastran diversas dependencias del Estado.
Según denunció el ingeniero Miguel Liberato, vocero del comité, existen expedientes que superan los seis años de retraso. Aunque la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26 fue creada para agilizar estas gestiones, el proceso se encuentra virtualmente paralizado debido a la lentitud de las instituciones deudoras en entregar la documentación técnica y administrativa indispensable para validar las acreencias pendientes.
Diez entidades en la mira del Comité Codiano
El reclamo no apunta a un solo sector, sino que abarca un total de 92 expedientes repartidos entre diez de las oficinas públicas con mayor volumen de ejecución en el país. Entre las dependencias notificadas mediante comunicaciones oficiales figuran instituciones clave para la infraestructura nacional:
- Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED)
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
- Ministerio de Educación (MINERD)
- Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
- Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)
- Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
Las misivas enviadas por el CIC se amparan estrictamente en la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública. Esta normativa otorga a las dependencias estatales un plazo ordinario de quince días hábiles —con una posible prórroga de diez días más— para responder formalmente sobre el estado de los expedientes y los motivos de su retraso.
Advertencia de acciones legales y piquetes pacíficos
El liderazgo del gremio fue categórico al señalar los pasos a seguir si las autoridades optan por el silencio administrativo. El ingeniero Liberato advirtió que, vencidos los plazos legales establecidos, el comité evaluará un abanico de medidas de presión que incluirán acciones administrativas, procesos judiciales y la organización de piquetes pacíficos frente a las sedes de las instituciones infractoras.
A pesar de la firmeza de las advertencias, el sector contratista reconoció el esfuerzo y la buena voluntad de la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26. No obstante, recalcaron que el éxito de cualquier solución gubernamental depende de la colaboración activa y transparente de cada una de las entidades deudoras para sanear, de una vez por todas, los compromisos financieros con las empresas constructoras del país.
