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La DGCP aplicó la medida de oficio bajo la nueva Ley 47-25 a legisladores y sus empresas. Ya suman 32 los congresistas suspendidos en los últimos dos años.
SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio los Registros de Proveedores del Estado (RPE) de otros 10 senadores de la República y de 11 empresas vinculadas a estos en las que figuran como accionistas, gerentes o titulares, al incurrir en las incompatibilidades establecidas en la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones.
La decisión, confirmada por el director general de la institución, Carlos Pimentel, afecta mayoritariamente a senadores del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) e incluye a figuras prominentes de la región del Cibao, entre ellos Carlos Gómez Ureña, representante legislativo de la provincia Espaillat (Moca).
Senadores cibaeños y reelectos en la lista de suspensión
Entre los legisladores que llevan más de seis años en el cargo (electos en 2020 y reelectos en 2024) que fueron alcanzados por la resolución figuran, además de Carlos Gómez (Espaillat), Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez), Ginette Bournigal (Puerto Plata), Santiago José Zorrilla (El Seibo) y el senador independiente Antonio Marte (Santiago Rodríguez).
Asimismo, la medida impacta a senadores que asumieron sus curules en 2024 y que cumplen aproximadamente un año en sus funciones, como Daniel Rivera Reyes (Santiago), Moisés Ayala Pérez (Barahona), Jonhson Encarnación Díaz (Elías Piña), Gustavo Lara Salazar (San Cristóbal) y Bernardo Alemán Rodríguez (Montecristi).
Incompatibilidad legal y régimen de prohibición
La DGCP detalló que lasEl artículo reporta una nueva depuración realizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en la República Dominicana para mitigar conflictos de interés entre legisladores y contrataciones del Estado.
Puntos clave de la medida
- Suspensión de RPE: La DGCP inhabilitó de oficio el Registro de Proveedores del Estado (RPE) a 10 senadores y a 11 empresas en las que estos participan como accionistas, gerentes o titulares.
- Marco legal: La decisión se fundamenta en la Ley 47-25, la cual prohíbe formalmente a altos funcionarios públicos y a sus sociedades comerciales contratar con el Estado durante su gestión y hasta 6 meses después de dejar el cargo.
- Impacto acumulado: Con esta medida, se eleva a 32 el total de legisladores afectador por suspensiones de RPE en los últimos dos años (22 habían sido suspendidos en agosto de 2024 bajo la anterior Ley 340-06).
- Naturaleza jurídica: La suspensión no equivale a una sanción penal o administrativa definitiva, sino a una inhabilitación precautoria y legal por régimen de incompatibilidad.
Senadores afectados por la resolución
| Senador | Demarcación | Partido / Afiliación | Periodo en el cargo |
| Alexis Victoria Yeb | María Trinidad Sánchez | PRM | Reelecto (2020–presente) |
| Santiago José Zorrilla | El Seibo | PRM | Reelecto (2020–presente) |
| Carlos Gómez Ureña | Espaillat | PRM | Reelecto (2020–presente) |
| Ginette Bournigal | Puerto Plata | PRM | Reelecto (2020–presente) |
| Antonio Marte | Santiago Rodríguez | Independiente | Reelecto (2020–presente) |
| Moisés Ayala Pérez | Barahona | Aliado al PRM | Electo en 2024 (~1 año) |
| Jonhson Encarnación Díaz | Elías Piña | PRM | Electo en 2024 (~1 año) |
| Gustavo Lara Salazar | San Cristóbal | PRM | Electo en 2024 (~1 año) |
| Daniel Rivera Reyes | Santiago | PRM | Electo en 2024 (~1 año) |
| Bernardo Alemán Rodríguez | Montecristi | PRM | Electo en 2024 (~1 año |
La Ley No. 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas representa la reforma más ambiciosa al sistema de contrataciones del Estado en la República Dominicana en casi dos décadas, derogando a la histórica Ley No. 340-06.
Esta nueva legislación responde a vacíos legales que durante años permitieron triangulaciones comerciales, uso de prestanombres y conflictos de interés por parte de funcionarios públicos.
Principales diferencias entre la Ley 340-06 y la Ley 47-25
| Aspecto | Ley 340-06 (Anterior) | Ley 47-25 (Nueva Reformada) |
| Control de Empresas y Socios | Inhabilitaba principalmente al funcionario en lo personal. Existían vacíos para sociedades comerciales. | Endurecimiento estructural: Prohíbe la contratación de empresas donde el funcionario sea accionista, gerente, administrador o beneficiario final. |
| Alcance a Parientes | Limitado al primer y segundo grado en ciertos contextos. | Ampliación de parentesco: Extiende el régimen de incompatibilidades a cónyuges, parejas en unión libre y familiares directos. |
| Inhabilidad Post-Cargo | Inexistente o vaga en su aplicación práctica. | Periodo de vacancia (Cooling-off): Mantiene la prohibición de contratar hasta 6 meses después de haber cesado en la función pública. |
| Suspensión de Oficio del RPE | Requería procesos administrativos complejos o denuncias de parte. | Mecanismo automático: Autoriza a la DGCP a inhabilitar de oficio los Registros de Proveedores del Estado mediante cruce de bases de datos. |
| Sanciones y Delitos | Faltas mayormente administrativas con poca tipificación penal específica. | Tipificación penal de la colusión: Sanciona severamente el fraude, la concertación de precios y el uso de «testaferros». |
Principales novedades de la Ley 47-25
1. Inhabilidad extendida y «Beneficiario Final»
Bajo la Ley 340-06, era habitual que un legislador o alto funcionario tuviera empresas donde figuraba con un porcentaje minoritario de acciones o a través de terceros para evadir la prohibición. La Ley 47-25 introduce el concepto de Beneficiario Final, exigiendo transparencia absoluta sobre quiénes son los verdaderos dueños del capital tras las corporaciones.
2. Blindaje para Congresistas y Servidores de Elección Popular
La ley establece de forma tajante que los senadores, diputados, alcaldes y demás cargos de alta jerarquía no pueden suplir al Estado bajo ninguna modalidad mientras ocupen la función pública, cerrando la puerta a contratos directos con ministerios o direcciones generales.
3. Fortalecimiento del RPE y la Digitalización
Se faculta a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para interoperar en tiempo real con la TSS (Tesorería de la Seguridad Social), la DGII (Impuestos Internos) y la JCE (Junta Central Electoral). Esto permite detectar automáticamente si un proveedor adjudicado tiene vínculos de parentesco o laborales con un funcionario del Estado.
4. Nuevas modalidades de compra y criterios de sostenibilidad
Además del régimen sancionador, la Ley 47-25 modernizó los procedimientos de compra, incorporando criterios de compras verdes y sostenibles, dando mayor preferencia a las Mipymes locales y agilizando las contrataciones de menor cuantía con mayores controles digitales en el Sistema Transactional.
¿Por qué afectó directamente a los senadores recientemente?
La aplicación retroactiva inmediata sobre la condición de proveedores activos provocó que la DGCP pudiera barrer la base de datos del Registro de Proveedores del Estado (RPE). Al detectar que 10 senadores en funciones (y 22 congresistas en una fase previa) mantenían registros activos o empresas registradas, la entidad ejecutó la suspensión de oficio para garantizar que ninguna institución les adjudique licitaciones ni contratos públicos mientras ejerzan sus curules.
Periodista en formación, Productor Audiovisual, Fotografo Profesional, Director de ElViaducto.NET y las Emisora ElViaductoFM y RadioJesucristo.com, Productor del Programa A Nivel Radio y Conductor.
