La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió el Registro de Proveedores del Estado a 10 senadores y 11 empresas vinculadas, incluyendo al representante de Espaillat, Carlos Gómez. La medida, aplicada bajo la Ley 47-25, busca evitar conflictos de interés y suma 32 congresistas inhabilitados en los últimos dos años.
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