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Las tensiones diplomáticas entre Washington y Montevideo se han intensificado en los últimos días. La Administración del presidente estadounidense Donald Trump incrementó sus presiones sobre el país sudamericano para que ponga fin al histórico convenio de salud que sostiene con La Habana, centrado principalmente en la atención oftalmológica.
Frente a este escenario, la respuesta del Poder Ejecutivo uruguayo ha sido firme. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, ratificó que la nación mantendrá el acuerdo de cooperación y continuará trabajando con los profesionales de la isla, priorizando los beneficios sociales del programa por encima de las exigencias externas.
Soberanía nacional y más de 100 mil beneficiados
En declaraciones ofrecidas al medio El Eco Digital, Sánchez subrayó la independencia de la política exterior de su país al señalar que «Uruguay es un país soberano, libre» y que sus decisiones se toman «sin aceptar órdenes ajenas». El funcionario defendió la labor desarrollada por la misión médica cubana en Uruguay, destacando su impacto directo en la población más vulnerable.
De acuerdo con los datos oficiales, la intervención de estos profesionales ha permitido que más de 100.000 pacientes uruguayos recuperen la visión a lo largo de las últimas dos décadas. Aunque el secretario reconoció que Montevideo mantiene una relación diplomática «excelente» con Washington, rechazó cualquier intento de injerencia en los asuntos internos del Estado.
Señalamientos de trabajo forzado y «non paper»
El conflicto cobró fuerza pública tras la difusión de un informe elaborado por el Departamento de Estado de EE. UU., en el que se señala a Uruguay dentro de un grupo de 15 países que pagan directamente a Cuba por brigadas de salud. Según el argumento de Washington, este esquema encubre situaciones de presunto «trabajo forzado».
La comunicación de este reporte se realizó mediante un «non paper», un mecanismo diplomático no oficial que sirvió para marcar la postura estadounidense ante los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de Uruguay. La filtración generó debate político sobre posibles represalias bilaterales, incluyendo la eventual inclusión del país en listas de sanción o la suspensión de cooperación militar.
La posición oficial de Cancillería
Pese a los rumores, el canciller uruguayo Mario Lubetkin aclaró que la Cancillería no ha recibido notificaciones formales u oficiales sobre posibles sanciones. No obstante, confirmó que el tema forma parte de los diálogos bilaterales que sostienen ambas naciones.
El ministro respaldó la vigencia de la misión médica cubana en Uruguay en el Hospital de Ojos y calificó la labor de los oculistas como una «experiencia extraordinaria» ajena a valoraciones políticas. Las autoridades reafirmaron que buscarán preservar los programas de salud mediante el diálogo fluido, asegurando la comodidad de todas las partes involucradas sin comprometer la soberanía nacional.
