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Las operaciones militares que Estados Unidos lleva a cabo en aguas internacionales para frenar el narcotráfico han cruzado una línea crítica ante los ojos de la comunidad internacional. Un demoledor informe presentado por las Naciones Unidas señala que los bombardeos aéreos contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico violan de forma abierta el derecho internacional, al punto de poder ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.
La advertencia surge directamente del relator especial de la ONU, Ben Saul, quien ha documentado decenas de intervenciones letales ejecutadas fuera de la jurisdicción territorial estadounidense. El reporte enciende las alarmas en la región sobre el alcance de las incursiones de Washington y el uso desproporcionado de la fuerza letal bajo la justificación de combatir el tráfico de estupefacientes.
Más de 220 muertos en operaciones marítimas
De acuerdo con la nota informativa difundida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desde septiembre del año pasado se registran al menos 68 ataques lanzados por fuerzas de EE. UU., los cuales han dejado un saldo superior a las 220 personas fallecidas. Saul sostiene de manera categórica que estas acciones constituyen «ejecuciones extrajudiciales en serie que violan el derecho a la vida».
El experto enfatizó que las operaciones no se encuentran amparadas por la legítima defensa nacional ni individual. Incluso si los ocupantes de las lanchas fueran identificados como integrantes de agrupaciones catalogadas como terroristas, no existía una agresión armada previa contra territorio estadounidense que justificara la respuesta bélica conforme al derecho internacional o marítimo.
La respuesta de Washington y la operación «Lanza del Sur»
La publicación del informe coincide con la confirmación de un nuevo ataque en aguas del Caribe en el que murieron cuatro personas. Tras la divulgación de imágenes de baja calidad, el Comando Sur de EE. UU. argumentó que informes de inteligencia «confirmados» vinculaban la nave con el narcotráfico, calificando a los fallecidos como «narcoterroristas».
Por su parte, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, ha defendido abiertamente la ofensiva militar denominada Lanza del Sur (Southern Spear). Las autoridades militares aseguran que la campaña busca erradicar a las redes criminales que amenazan la seguridad de su territorio; sin embargo, hasta la fecha la Administración estadounidense no ha presentado evidencias públicas concluyentes que prueben la implicación directa de los buques atacados en actividades ilícitas.
Tensión política y vacío legal en la región
Desde su inicio en septiembre de 2025, la estrategia militar ha desatado duras objeciones por parte de juristas y mandatarios latinoamericanos, especialmente al confirmarse que varios de sus ciudadanos figuran entre las víctimas mortales. La controversia se desarrolla además en un contexto geopolítico sumamente convulso en la región.
Mientras la Casa Blanca y el Departamento de Estado guardan silencio ante las consultas sobre el reporte, expertos en derecho internacional insisten en que el combate al crimen organizado debe regirse por los convenios de control de estupefacientes y no mediante acciones militares unilaterales que violenten los derechos fundamentales.
