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Un nuevo escándalo sacude la administración municipal en el sur del país. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) tuvo que intervenir de urgencia y frenar un millonario proceso de adjudicación para la recolección de residuos sólidos en el Ayuntamiento de San Cristóbal, valorado en la impresionante suma de 240 millones de pesos.
Irregularidades y trabas en el proceso
La institución reguladora decidió suspender de oficio la licitación bajo la denominación ASC-CCC-LPN-2026-0003. De acuerdo con el expediente oficial de monitoreo, el cabildo omitió pasos esenciales como los estudios previos obligatorios y estructuró un pliego de condiciones diseñado con exigencias excesivamente restrictivas.
Entre las anomalías detectadas figuran requisitos cruzados de infraestructura operativa y cartas compromiso, además de la imposición de experiencia en zonas de alta densidad ligada de forma rígida a un domicilio local, lo que limitaba drásticamente la libre concurrencia de oferentes.
Vínculos familiares bajo la lupa
El punto más crítico de la investigación se centró en las ofertas presentadas. La DGCP descubrió que la empresa Producciones D&P San Cristóbal incluyó contratos de arrendamiento firmados por Alicia Aurora Uribe Domínguez y Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa.
Este último no solo formó parte de la administración de dicha compañía hasta el año 2023, sino que además mantiene un lazo de parentesco directo con el actual alcalde municipal, Nelson de la Rosa Rodríguez. Ante esta evidente colisión de intereses, la entidad aplicó la medida cautelar mediante el portal oficial para paralizar el contrato amparándose en la normativa vigente.
