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Organizaciones proinmigrantes en Puerto Rico calificaron como un acto de persecución el arresto de un ciudadano dominicano por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras una intervención basada en el registro vehicular en San Juan.
SAN JUAN, Puerto Rico. — Diversas organizaciones proinmigrantes y defensores de los derechos civiles en Puerto Rico catalogaron como una persecución sistemática el reciente arresto de un ciudadano dominicano ejecutado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras este esperaba a un amigo en su vehículo frente a un establecimiento comercial en San Juan.
El afectado fue identificado como Juan Francisco Areche Minaya, quien carece de antecedentes penales y cuenta con una sólida arraigación de más de 28 años residiendo de forma continua en la isla. Areche Minaya fue detenido el pasado 11 de agosto y permanece bajo custodia, luego de que el juez Elvin Talavera Peraza le negara la fianza bajo el argumento de que representa un supuesto riesgo de fuga.
Intervención cuestionada por el uso de registros del DTOP
Durante una rueda de prensa convocada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la abogada de inmigración y directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Charito García Miranda, reveló que los agentes federales procedieron a intervenir con Areche Minaya tras verificar la matriculación de su automóvil en la base de datos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
«Meramente porque este individuo, cuyo carro estaba estático frente a un negocio en la avenida central a las 9:00 a.m., por meramente ese vehículo aparecer en los registros del DTOP, registrado a nombre de él; es ese el simple y llano motivo que causa la detención de un ser humano y la privación de su libertad. Y eso, señores, es persecución», denunció enfáticamente García Miranda.
Cabe destacar que la ACLU mantiene abierto un litigio judicial en los tribunales en contra de la administración gubernamental local y del propio DTOP, tras revelarse que la agencia gubernamental suministró información confidencial de licencias de conducir de unos 6,000 migrantes al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para facilitar operativos de detención.
Denuncian falta de imparcialidad y negación de fianza
Los activistas sociales y familiares cuestionaron severamente la decisión judicial de denegar la libertad bajo fianza al detenido, quien es padre de dos menores con ciudadanía estadounidense e hijo de una ciudadana residente.
«Cuando una persona lleva 28 años aquí, no tiene récord criminal, tiene a sus hijos y a sus madre en Puerto Rico y aun así se le cataloga como riesgo de fuga, tenemos que cuestionar seriamente cómo se están adjudicando estos casos y si las personas inmigrantes están recibiendo procesos verdaderamente imparciales», planteó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Por su parte, Darjeerling Areche, hija mayor del afectado, lamentó el impacto emocional y familiar que ha provocado la detención de su progenitor, de 49 años, a quien describió como un trabajador honrado dedicado por completo al bienestar de su hogar.
Contexto legal y argumentos de la defensa
El caso adquiere especial relevancia jurídica al ser el primero en evaluarse en la isla bajo los lineamientos del fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito en el caso Guerrero Orellana v. Moniz.
Basándose en dicha jurisprudencia, la jueza federal Gina R. Méndez-Miró determinó que Areche Minaya demostró una probabilidad sustancial de prevalecer en su reclamo legal y que, por ende, asistía su derecho a una vista de fianza.
La documentación judicial detalla que Areche Minaya ingresó a Puerto Rico sin inspección oficial alrededor de 1998. Su madre, Juana Minaya, ha gestionado en dos oportunidades peticiones de familiar extranjero (formulario I-130) ante las autoridades migratorias —aprobadas formalmente en 1992 y 2016, respectivamente— con el propósito de regularizar su estatus legal.
El expediente detalla que el operativo de captura se ejecutó de forma sorpresiva cuando siete individuos enmascarados abordaron al ciudadano en San Juan mientras aguardaba para recoger suministros de trabajo destinados a una labor de carpintería y electricidad. (Fuente externa)
