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El presidente paraguayo calificó como una violación al debido proceso el ultimátum recibido en medio de la grave crisis bancaria que mantiene congelados los ahorros de gran parte de la población.
Una notificación exprés que encendió las alarmas
La crisis institucional en Paraguay escaló a su punto más álgido este viernes. El presidente de la República, Santiago Peña, solicitó formalmente una prórroga de 72 horas para preparar su defensa frente al juicio político que enfrenta en el Congreso.
La solicitud surge tras recibir una notificación a altas horas de la noche que incluía un extenso libelo acusatorio junto a unas 300 fojas de anexos, dándole un plazo menor a doce horas para responder. Acompañado por sus abogados defensores, el mandatario cuestionó duramente la celeridad del proceso y exigió garantías constitucionales básicas.
El trasfondo de la crisis bancaria
El proceso de destitución no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una severa crisis financiera que atraviesa el país sudamericano. El colapso del sistema ha dejado congelados los depósitos de aproximadamente la mitad de la población, desatando la indignación ciudadana y una presión insostenible sobre el Poder Ejecutivo.
Para los analistas políticos, este juicio exprés representa una de prueba de fuego para la estabilidad democrática paraguaya, donde el margen de maniobra del gobierno se reduce con cada hora que pasa.
