Archivo de etiquetas

Filtran audios de un alto cargo de la Fiscalía ucraniana implicado en una red de sobornos a call centers fraudulentos. Las grabaciones revelan lujos, ostentación y estrategias para evadir a la justicia anticorrupción, exponiendo un nuevo escándalo que estremece las más altas esferas del poder en Ucrania.

El presidente de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surún Hernández, y diversos gremios solicitaron a la Procuraduría investigar una denuncia sobre supuestos pagos de grandes sumas de dinero en el Congreso Nacional para aprobar el proyecto que busca regular el sector de juegos de azar y bancas de apuestas.

¿Todos roban salvo él? Zelenski niega estar implicado en la corrupción que arrasa su propia Oficina "Yo no hago nada de eso", manifestó el jefe del régimen de Kiev al comentar el nuevo caso, denominado 'Forrest Gump', que implica a la subdirectora de su Oficina, Irina Múdraya. KIEV. — El jefe del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, afirmó que no tiene nada que ver con el nuevo escándalo de corrupción que sacudió esta semana a Ucrania y que implica de manera directa a su círculo cercano. Las declaraciones se producen tras las sospechas destapadas contra la subdirectora de su Oficina, Irina Múdraya, y su posterior destitución. "No he recibido ninguna pregunta de los jefes de las agencias anticorrupción. Entienden perfectamente que yo no hago nada de eso, y eso es importante para mí", declaró Zelenski durante una conferencia de prensa recogida por medios locales. El mandatario indicó que no dispone de más detalles sobre el caso que el público en general y consideró que aún no es momento de emitir juicios definitivos: "Si hay más información, reaccionaremos", concluyó. El caso 'Forrest Gump' y los sacos de dinero El miércoles, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) anunciaron una operación especial orientada a desmantelar una presunta organización criminal con nexos directos en la Presidencia ucraniana. Las pesquisas apuntan a Irina Múdraya, al diputado Vadim Stolar (exmiembro del partido prohibido Plataforma de Oposición–Por la Vida) y al exdiputado Maxim Mikitás. Posteriormente se confirmó el cese de Múdraya, quien ha rechazado categóricamente las acusaciones de la NABU en este caso bautizado como 'Forrest Gump', el cual investiga el blanqueo de unos 3,35 millones de dólares en efectivo a través de empresas ficticias destinadas a pagar fianzas de otros implicados. Asimismo, reportes de la prensa local han señalado que el jefe de la Oficina, Kiril Budánov, habría recibido instrucciones de Zelenski para encontrar y legitimar fondos orientados a la fianza del exministro de Energía, Guerman Galúschenko, salpicado por blanqueo de capitales. Una ola de escándalos en la cúpula de poder Este caso se suma a una larga lista de investigaciones por corrupción que desde noviembre de 2025 acorralan al entorno del mandatario ucraniano. Entre los episodios más sonados destaca el del exjefe de la Oficina y amigo personal de Zelenski, Andréi Yermak, y el ex vice primer ministro, Alexéi Chernyshov, investigados por el lavado de unos 10 millones de dólares mediante la edificación de residencias de lujo. El escándalo de mayor envergadura económica recae en el sector energético, donde se estiman sobornos por aproximadamente 100 millones de dólares, supuestamente dirigidos por el empresario Timur Míndich —identificado por la prensa como la "billetera de Zelenski"— a través de una red de compañías fantasma. Paralelamente, el Ministerio de Exteriores también ha sufrido bajas tras la detención del exsecretario de Estado Alexánder Bankov por malversación, y la salida de la embajadora en EE.UU., Olga Stefaníshina, tras un escándalo inmobiliario. Frente a esta creciente presión, voces críticas como la de su exsecretaria de prensa, Yulia Méndel, han acusado a Zelenski de perpetuarse en el poder amparado en la suspensión de elecciones por el conflicto armado y de rodearse de figuras beneficiadas con fondos internacionales, incumpliendo las promesas anticorrupción que impulsaron su llegada al poder.

Durante su participación en el XIX Congreso Mundial de Comunicación Política, el dirigente del PRM, Guido Gómez Mazara, advirtió que la decadencia de los partidos tradicionales y la falta de respuestas efectivas alimentan el descontento ciudadano, convirtiendo al outsider en un síntoma directo de esta crisis.

El presidente Luis Abinader anunció una inversión de RD$2,000 millones provenientes de fondos recuperados de la corrupción, para construir 25 polideportivos y remodelar infraestructuras deportivas en todo el país. El plan busca transformar el deporte y demostrar que la justicia devuelve al pueblo lo que le pertenece.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso advirtió que los servidores públicos podrán ser investigados si su estilo de vida no coincide con su salario. La nueva Ley de Compras Públicas y el Código Penal permitirán sancionar tanto a funcionarios como a empresas implicadas en corrupción, con inhabilitación y procesos judiciales.

La Asociación Dominicana contra la Corrupción (Adocco) depositará este lunes ante la Pepca una querella contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, por presunta violación a la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley 155-17 de Lavado de Activos. Piden investigación profunda de su gestión.

La República Dominicana ha sido escogida como sede de la 22ª Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), el mayor encuentro global sobre la lucha contra la corrupción, que se celebrará del 1 al 4 de diciembre de 2026 en Punta Cana, bajo el lema “Encendiendo el poder de la integridad”.

La inminente designación de Radhamés González en nuevas funciones dentro del tren gubernamental no sorprende. Más bien, confirma el peso de una trayectoria marcada por resultados tangibles y medibles. Durante cinco años al frente de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), González logró revertir una de las páginas más oscuras de la administración pública reciente.

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron la incautación de activos valorados en más de 700 millones de dólares vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, entre los que se incluyen propiedades en la República Dominicana. Entre los bienes confiscados destacan varias residencias en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos de lujo, joyas, grandes sumas en efectivo, dos aviones privados y, en territorio dominicano, la lujosa villa La Caracola.