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Los choferes de la ruta 25 de Febrero expresaron su total inconformidad ante el incremento del impuesto de circulación vehicular, un golpe directo al bolsillo que mantiene a los transportistas en estado de alerta.
El fantasma de los incrementos impositivos vuelve a sacudir al sector transporte en la República Dominicana. En medio de un clima de tensión y reclamos, los conductores que operan en la emblemática ruta 25 de Febrero alzaron su voz este viernes para manifestar su profundo rechazo al reciente aumento aplicado al Impuesto de Circulación Vehicular (ICV), popularmente conocido como el marbete.
Aglomerados en puntos estratégicos de la capital, los trabajadores del volante describieron la medida fiscal como un «palo acechado» que profundiza la crisis económica que arrastran desde hace meses, comprometiendo seriamente la rentabilidad de sus operaciones diarias.
Un «palo acechado» para el sector transporte
Para los choferes y dueños de vehículos públicos, este reajuste tarifario llega en el peor momento posible. Durante un encuentro improvisado en zonas neurálgicas del Distrito Nacional, los representantes del sector explicaron que los costos operativos de sus unidades —que van desde el mantenimiento mecánico hasta la adquisición de repuestos y combustibles— ya se encontraban al límite de su capacidad financiera.
La imposición de un marbete más costoso, sin un previo consenso con las principales federaciones del transporte, ha generado un malestar generalizado que amenaza con escalar hacia movilizaciones más contundentes si las autoridades no muestran disposición al diálogo.
La propuesta sobre la mesa: alivio y concertación
Ante este panorama de fricción con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la dirigencia transportista no se ha quedado de brazos cruzados. En lugar de optar únicamente por la confrontación, un sector de los transportistas ha comenzado a articular una propuesta formal orientada a buscar un punto de equilibrio.
La iniciativa contempla abrir una mesa de diálogo urgente con el Gobierno para discutir alternativas viables, tales como tarifas diferenciadas para vehículos de servicio público, facilidades de pago diferido o la implementación de un subsidio temporal que amortigue el impacto inflacionario. Los líderes del sector insisten en que cualquier política fiscal aplicada al transporte público debe estructurarse tomando en cuenta la realidad socioeconómica de quienes mueven diariamente a la ciudadanía.
