Caso Calamar entra en fase decisiva: Jueza decidirá envío a juicio de Guerrero, Castillo y Peralta

Defensas presentan réplicas finales en el Cuarto Juzgado de la Instrucción; abogados de empresas vinculadas admiten hechos del relato acusatorio pero niegan responsabilidad penal.

SANTO DOMINGO, R.D. — La audiencia preliminar del caso de presunta corrupción administrativa conocido como Operación Calamar ha entrado en su etapa de mayor tensión. Este viernes, las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta presentaron sus réplicas ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, marcando el inicio de la cuenta regresiva para conocer si el expediente irá a juicio de fondo.

La magistrada Altagracia Ramírez se encamina a evaluar un voluminoso expediente donde el Ministerio Público acusa a la red de desfalcar al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos de utilidad pública.

Estrategias divididas: El «No Ha Lugar» vs. Juicio de Fondo

El proceso ha revelado una marcada diferencia en las estrategias legales de los imputados:

  • Solicitud de No Ha Lugar: La mayoría de las defensas técnicas han solicitado a la jueza dictar un auto de no ha lugar, argumentando insuficiencia de pruebas para sustentar una acusación penal.
  • Defensa Positiva: Otros abogados han optado por permitir que el caso avance a juicio de fondo, confiando en que en esa etapa podrán desmantelar las pruebas del órgano persecutor.

Revelaciones sobre Intercaribe: Hechos admitidos, responsabilidad negada

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue la intervención del abogado Miguel Valerio, representante de la empresa Intercaribe. Valerio implementó lo que llamó una «defensa positiva», donde admitió la veracidad de ciertos relatos del Ministerio Público, pero rechazó la culpabilidad de sus clientes.

Valerio precisó que la empresa reconoció como cierta la transferencia realizada en 2020 al señor Alá Alí, admitiendo incluso que dicha operación fue antedatada para que aparentara haber ocurrido en 2016. Sin embargo, el jurista fue enfático: «El derecho procesal penal permite reconocer la existencia de hechos sin que ello implique atribuir responsabilidad al imputado».

Defensas rebaten vínculos probatorios

Por otro lado, la defensa de Donald Guerrero y Daniel Guerrero negó categóricamente su participación en la suscripción de actas societarias y diligencias bancarias de la compañía mencionada durante el periodo 2016-2020, alegando desconocimiento total de dichas actuaciones.

Asimismo, el abogado José Martínez Hoepelman, representante de Princesa Alexandra García, calificó las imputaciones como carentes de sustento probatorio, asegurando que su defendida actuó siempre bajo el marco de la legalidad y que no existe evidencia que la vincule con las irregularidades descritas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Con la conclusión de estas réplicas, la sociedad dominicana queda a la espera del fallo de la jueza Ramírez, que determinará el futuro legal de tres de los funcionarios más poderosos del pasado sexenio.

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