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El Juzgado de la Instrucción de Monseñor Nouel impuso medidas de coerción al empresario Pedro Alexis Henríquez López, conocido como Alex Turey, tras documentarse graves daños ambientales en Piedra Blanca.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sometió formalmente a la justicia al empresario Pedro Alexis Henríquez López, popularmente conocido como Alex Turey, por su presunta responsabilidad en severos daños ambientales ocasionados en el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel. Ante la gravedad de los hechos, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel dictó medidas de coerción que incluyen el impedimento de salida del país sin autorización judicial y la presentación periódica.
Inspecciones técnicas revelan daño masivo en Piedra Blanca
Las indagatorias y revisiones técnicas realizadas por los inspectores de la institución ambiental documentaron el corte indiscriminado de aproximadamente 1,000 árboles de distintas especies. Asimismo, el informe detalla la intervención ilegal de cerca de 400 tareas de terreno, la apertura no autorizada de dos caminos privados, además de zonas severamente impactadas por quemas y la destrucción total del sotobosque.
Derivado de esta magnitud en las afectaciones, el ministerio imputa al empresario la violación directa de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 y de la Ley Sectorial Forestal No. 57-18. Como parte de los mecanismos de control, el imputado deberá presentarse ante el Ministerio Público y la Secretaría del Despacho Judicial Penal de Monseñor Nouel los días seis de cada mes.
Acciones institucionales en defensa del patrimonio natural
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se enfatizó que la preservación de los recursos naturales representa una prioridad absoluta de la gestión actual. La entidad advirtió que nadie está por encima de la legislación ambiental ni puede atentar contra el patrimonio ecológico del país sin la respuesta firme del Estado dentro del marco legal.
La institución recordó que su rol abarca las inspecciones de campo, la identificación de infracciones y la sustentación técnica de las evidencias, mientras que la persecución penal recae sobre el Ministerio Público y las decisiones finales corresponden a los tribunales de la República.
