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El Congreso paraguayo destituyó al presidente Santiago Peña tras declararlo culpable de mal desempeño en un juicio político relámpago, marcado por el colapso financiero de Ueno bank y una profunda crisis institucional.
Una caída fulminante en medio de la tormenta financiera
La crisis política en Paraguay ha llegado a un punto de inflexión. Este viernes, el Senado paraguayo destituyó formalmente al presidente Santiago Peña tras un juicio político celebrado en su ausencia. Con los votos de los 44 senadores presentes, el mandatario de 47 años se convierte en el segundo gobernante en la historia reciente del país en ser apartado del poder por la vía legislativa, un precedente que solo registra el caso de Fernando Lugo entre 2008 y 2012.
La destitución se materializó pocas horas después de que el propio Peña anunciara su renuncia a través de su cuenta de X, con la que intentó frenar un proceso inevitable tras perder el respaldo de su propia formación política, el Partido Colorado. Sin embargo, al no prosperar su dimisión de inmediato por falta de cuórum en el Congreso, el juicio continuó su curso hasta culminar en su destitución y en la posterior orden de detención emitida por la Fiscalía de Paraguay bajo cargos de lesión de confianza.
El fantasma del colapso de Ueno bank
El epicentro de esta tormenta política radica en el profundo descalabro financiero desatado tras la intervención del Banco Central de Paraguay (BCP) en el Ueno bank. La entidad, que manejaba las cuentas de millones de clientes y concentraba millonarios fondos públicos, entró en un proceso de resolución que dejó en vilo los ahorros de miles de ciudadanos, incluyendo a unos 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social.
Durante el debate legislativo, los diputados que ejercieron como fiscales acusadores no escatimaron calificativos, señalando un presunto vaciamiento patrimonial estimado en unos 1,200 millones de dólares. Por su parte, la defensa técnica de Peña argumentó la nulidad del proceso, mientras que el exmandatario defendió su salida como un acto de responsabilidad para calmar la agitación social y preservar la estabilidad de la nación.
Transición de poder y pérdida de fueros
Ante este escenario de abrupta ruptura institucional, la línea de sucesión se ha activado de inmediato. Como nuevo mandatario asumirá quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente, Pedro Alliana, quien tendrá la compleja tarea de pacificar un país convulsionado y recomponer la confianza en las instituciones democráticas.
Un detalle jurídico clave que deja esta destitución es el impacto sobre el futuro político inmediato de Peña. Conforme al artículo 189 de la Constitución paraguaya, los exmandatarios elegidos en las urnas adquieren de forma automática la condición de senadores vitalicios, un estatus que otorga fueros de inmunidad frente a procesos penales. Al haber sido destituido mediante un juicio político, Peña pierde este beneficio constitucional, dejándolo directamente expuesto a la investigación penal que ahora encabeza el Ministerio Público.
