Corte de Boston otorga libertad condicional al alcalde de Lawrence Brian DePeña

El ejecutivo municipal enfrentará el proceso judicial en libertad. La Fiscalía lo acusa de fraude electrónico y lavado de dinero por más de 1.5 millones de dólares en fondos de ayuda de la pandemia.

 

Boston.— El alcalde de la ciudad de Lawrence, Brian DePeña, quedó en libertad bajo condiciones tras comparecer ante una corte federal en Boston. El funcionario de origen dominicano fue arrestado por las autoridades federales. Se le imputan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.

El magistrado del caso determinó que no era necesario el pago de una fianza económica. Sin embargo, la justicia estadounidense fijó estrictas medidas cautelares.

Entre las condiciones impuestas destaca la entrega inmediata de sus pasaportes. Asimismo, el alcalde tiene prohibido solicitar nuevos préstamos bancarios sin autorización judicial previa.

Acusaciones sobre el uso de fondos de ayuda

Las investigaciones de la Fiscalía y el FBI sostienen que DePeña solicitó ayuda financiera estatal. El dinero provenía de los programas de desastre de la Administración de Pequeños Negocios (SBA).

El funcionario obtuvo más de 1.5 millones de dólares destinados originalmente a su empresa. Los fondos debían cubrir las operaciones golpeadas por la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, las autoridades afirman que el funcionario utilizó el dinero para fines personales. Parte de los recursos se destinó al pago de hipotecas de alto interés.

También se habrían liquidado deudas tributarias con el IRS. Además, se desviaron montos para financiar su campaña a la Alcaldía de Lawrence en 2021.

Declaraciones de las partes y penas probables

A su salida del tribunal, DePeña prefirió mantener la reserva frente a la prensa. Su representación legal no emitió comentarios sobre el fondo de las acusaciones.

No obstante, el equipo legal dará detalles adicionales en los próximos días. El acusado, de 61 años de edad, se mantendrá en sus funciones mientras avanza la causa judicial.

De ser hallado culpable, las consecuencias penales serían severas. La acusación por fraude electrónico contempla hasta 20 años de prisión.

Por otro lado, el cargo por lavado de dinero conlleva penas de hasta 10 años de cárcel. Ambas tipificaciones contemplan sanciones económicas de miles de dólares.

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