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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha suspendido el Registro de Proveedores del Estado a 672 funcionarios y autoridades electas desde 2020. Bajo la nueva Ley 47-25, dirigida por Carlos Pimentel, se prohíbe de forma absoluta cualquier participación societaria a servidores públicos en contratos estatales.

La Cámara de Cuentas identificó expedientes incompletos o sin soporte por RD$16,600 millones en el Ministerio de Educación entre 2019 y 2020. El informe auditó la gestión de Antonio Peña Mirabal y señala faltantes documentales en nóminas, pasivos, compras de terrenos y activos fijos de la institución estatal.